En esta sentencia se plantea que la declaración de inconstitucionalidad de la ley reguladora de una tarifa no da derecho a reclamar el cobro de la misma en concepto de responsabilidad patrimonial del Estado legislador, si no se demuestra la existencia de un perjuicio real y efectivo, máxime cuando el administrado se benefició de los servicios asociados a la tarifa.
