Se plantea en este análisis que la normativa comunitaria sobre cuotas de pesca no genera derechos subjetivos a los pescadores de los cuales pudiera deducirse el mantenimiento de un número determinado de capturas. En consecuencia, el cambio de cuotas, fijado a la discrecionalidad de los Estados y de las autoridades comunitarias, no genera responsabilidad patrimonial.
