Artículo que analiza la sentencia de un sindicalista que califica en un pasquín a la propia empresa como “explotadora” y distribuye el texto entre los clientes de la misma, en el contexto de un conflicto laboral, y considera que no resulta objetivamente insultante sino justificado por las libertades sindical y de expresión. En consecuencia, la condena penal por injurias en este caso es inconstitucional.
