La autora se aproxima a la catarata de demandas que se van a producir contra la Administración por los daños y perjuicios ocasionados durante la covid-19 en sus trabajadores, y analiza cómo se pueden comportar los tribunales ante los actos que pudieran considerarse `dolosos`, y su repercusión en el seguro tras algunas sentencias en las que el dolo no parece ser motivo de exclusión de cobertura.
