En la sentencia se imponen, a la aseguradora, los intereses moratorios del art. 20 LSC por la demanda contra la aseguradora de un centro médico, vinculado al sistema sanitario público, que había atendido una dolencia de riñón, resultando tras el tratamiento con una pérdida de funcionalidad de dicho órgano. El paciente había solicitado al centro copia del consentimiento informado, obteniendo por respuesta que no existía tal documento.
