La sentencia trata, de forma colateral pero decisiva, la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas en materia urbanística, lo cual tiene consecuencias sobre la RC de la Administración. Aclara bien el presupuesto de la RC prevista en la legislación estatal del suelo, señalando que las licencias otorgadas según un plan determinado pierden su vigencia cuando dicho plan es anulado y sustituido por otro.
