La reforma reciente regula por primera vez en nuestro derecho la figura del llamado `Business Judgment Rule`, de origen norteamericano, es decir, `protección de la discrecionalidad empresarial`, por medio de la nueva redacción del artículo 226 de la LSC, que viene a completar los indicadores mínimos del estándar de diligencia mediante la inclusión del principio de buena fe en la actuación de los administradores y otros elementos adicionales, tales como carecer de interés personal y operar con arreglo a un procedimiento de decisión adecuada en todas aquellas decisiones de carácter estratégico y de negocio que conlleva el riesgo empresarial propiamente dicho que tiene una importante carga de carácter discrecional.
