La plantilla de los bancos, a través de los sindicatos mayoritarios (UGT y CCOO), están exigiendo a los directivos una póliza por responsabilidad civil y jurídica ante el riesgo de ser demandados después de los casos como el del Popular y la próxima entrada en vigor de las nuevas reglas de comercialización de productos financieros, conocida como Mifid II.
