El autor, basándose en la idea que se esgrime de que el sistema público de pensiones de reparto es inviable, considera que el problema es que este sistema nunca fue puro, sino más bien imperfecto. Estima que el Estado fue escasamente previsor y habría que apelar a su responsabilidad cuando llegan las vacas flacas, entendiendo que las pensiones son una prioridad. Benito critica que el Gobierno, por su parte, organice un grupo de expertos bajo sospecha de no ser neutral, que apunta a varios flancos para rebajar la expectativa de pensión pública actual y futura, empezando por la esperanza de vida y siguiendo por los ingresos. También se pregunta por qué estos expertos no contemplan una financiación recurrente del sistema de pensiones por impuestos y que el Seguro podría exigir que los impuestos que paga sobre las primas se destinaran a incrementar el fondo de reserva. Así, en su opinión, sí que se pensaría en los ciudadanos y en el servicio que presta a la sociedad. Además, considera que trasladar toda la responsabilidad al individuo sin que éste sea consultado no es propio de las sociedades organizadas.
