El 23 de septiembre de 1993 el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la Octava Región formuló denuncia en la Comisaría de Policía de Burgos contra el odontólogo de nacionalidad colombiana Dámaso, que regentaba una clínica dental en esa ciudad, como presunto autor de prácticas profesionales irregulares, denunciadas a su vez por otro odontólogo colombiano que había trabajado con él. Como consecuencia de estos hechos, se incoa expediente de expulsión del territorio nacional por el Gobierno Civil de Burgos y por Resolución de la Secretaría de Estado para la Seguridad de 12 de noviembre de 1993 se acuerda la expulsión del territorio nacional y por cinco años de Dámaso, por estar implicado en actividades contrarias al orden público, carecer de medios lícitos de vida y desarrollar actividades ilegales. Años después, el TS anula la resolución administrativa de expulsión.
