Este recurso contencioso-administrativo se dirige formalmente, contra la resolución de la Comisión de Peticiones del Congreso de los Diputados de fecha 20 de diciembre de 2006, en la cual se acuerda el archivo en relación a la reclamación por responsabilidad patrimonial de la Administración pública por el anormal funcionamiento del servicio público de la Oficina del Defensor del Pueblo. Se analiza la posibilidad de exigir responsabilidad por daños antijurídicos causados por el Defensor del Pueblo, así como el órgano llamado a pronunciarse sobre la reclamación formulada y la competencia de Comisión de Peticiones del Congreso de los Diputados ante la reclamación presentada por el actor contra el Defensor de Pueblo.
