Tras un siniestro circulatorio, el asegurado denuncia al conductor contrario para reclamar los daños sufridos. Para ello, elige un abogado de su confianza. Cuando el letrado exige a la compañía de seguros los honorarios de su actuación, ésta le indica que esos gastos no están cubiertos por el contrato ya que no existe cobertura de seguro de defensa jurídica que permita la reclamación de daños a terceros a cargo de la compañía. El asegurado reclama legalmente los honorarios abonados al letrado, alegando que existía un seguro de defensa jurídica, confundiéndolo con el artículo llamado `defensa del asegurado`. El juez aclaran las connotaciones que tiene el seguro de defensa jurídica.
