El autor manifiesta su disconformidad con la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, ya que considera que el proceso de ejecución provisional supone un gran riesgo de que el ejecutante provisional no disponga de los bienes objeto de restitución que ejecutó del patrimonio del ejecutado y se declare insolvente. Se analizan las responsabilidades de los sujetos que intervienen en dicho supuesto
