El autor analiza el clima de crispación existente antes de la promulgación de la Ley 30/1995 sobre los baremos vinculantes, y que no han desaparecido con la puesta en vigor de la misma. Este clima ha sido fomentado por los propios autores de la Ley, los abogados y los jueces, que con sus sentencias excesivamente plurales han contribuido a esta enrarecida situación. Un aspecto importante de la Ley son las repercusiones económicas del nuevo sistema.
