La llamada Ley del Derecho al Olvido, que reforzó el acceso al crédito y a la contratación de seguros para personas que hayan superado o mitigado situaciones de riesgo agravado de salud o discapacidad, prohibiendo prácticas discriminatorias, fue publicada, en Portugal, en 2021 y ha sido ampliamente criticada por sus omisiones e inconsistencias, así como por las dificultades de aplicación por parte de las aseguradoras. Tres años después, sin que el Gobierno portugués haya hecho alguna aclaración o aprobado un reglamento de la ley, la ASF ha emitido una Norma Reglamentaria que pretende regular la operatividad del deber de las aseguradoras de no recabar ni procesar información de salud relacionada con la situación médica que dio origen al riesgo agravado para la salud o discapacidad. Por ello, es importante analizar los principales aspectos de esta Norma Reglamentaria.
