La cuestión planteada en el presente recurso consiste en determinar si el INSS debe asumir el pago (directo) de una prestación de incapacidad temporal de un asegurado cuando el asegurado es un trabajador despedido, la situación de incapacidad se inicia durante el tiempo de tramitación y/o ejecución del proceso de despido; y la sentencia que pone fin a dicho proceso declara la improcedencia de la extinción del contrato de trabajo acordada por el empresario. La Sala, trayendo a colación doctrina previa, declara el derecho del trabajador a ser considerado en situación asimilada al alta a efectos de la prestación de incapacidad temporal solicitada. Razona la Sala que la declaración de improcedencia o nulidad de despido obliga a la empresa a cotizar por el período correspondiente a salarios de tramitación, sin perjuicio de la obligación del empresario de dar de baja al trabajador en cuanto se produce su cese en la prestación de servicios. De modo que el trabajador despedido, durante la tramitación del proceso de despido, puede adquirir con efectos retroactivos la situación de asimilación al alta, en caso de improcedencia o nulidad sobrevenidas del despido acordado. En tal supuesto, la entidad gestora de un lado percibe las cotizaciones correspondientes a los salarios de tramitación, y de otro lado queda obligada al abono del subsidio de incapacidad temporal.
