En una situación de emergencia de salud pública, como la ocasionada por la pandemia del Covid-19, la necesaria ponderación de derechos en conflicto, al analizar la licitud para el tratamiento de los datos personales, alcanza un estadio de gravedad y excepcionalidad que, necesariamente, ha de favorecer el interés público y la protección de la salud frente a la privacidad de los individuos.
