La sentencia examina si es viable la acción directa del art. 76 de la Ley de Contrato de Seguro (LCS) contra la aseguradora de la Administración sanitaria, tras haberse tramitado previamente un procedimiento de responsabilidad patrimonial frente al Servicio Gallego de Salud (Sergas), que concluyó con resolución administrativa firme desestimatoria
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