El desastre ecológico de Doñana atañe a la futura Ley de Responsabilidad Civil Medioambiental ya que una de las actividades con incidencia ambiental que pretende regular dicho texto es la producción, manipulación, almacenamiento, utilización o abandono de sustancias o preparados peligrosos. El borrador del anteproyecto de ley establece el límite máximo de la responsabilidad civil en 15.000 millones de pesetas para cada uno de los sujetos responsables y advierte que dicha responsabilidad civil es compatible con sanciones penales o administrativas. En el proyecto legislativo que prepara el equipo de Isabel Tocino se establece que dicha responsabilidad civil será exigible con independencia de que exista culpa o negligencia en el responsable; sólo habrá que probar la acción causante del daño y del deterioro del medio ambiente cuya reparación se reclama.
