El sector asegurador estima que las pérdidas de las aseguradoras por la caída de la deuda pública ascienden a 50.000 millones. Unespa ha iniciado contactos con la Dirección General de SEguros para que exima a las aseguradoras de la obligación de provisionar estas minusvalías, lo que supondría que perdieran los beneficios estimados para este año.