A partir de octubre de 2000, las aseguradoras de vida del Reino Unido, con el apoyo del Gobierno, empezarán a comercializar un nuevo producto conocido como la "pensión del accionista", un plan libre de controles oficiales. El objetivo del gobierno es fomentar la venta de pensiones privadas a un mercado de masas y a bajo coste por medio de bonificaciones fiscales. El Ejecutivo cumplirá así su objetivo de transferir al sector privado casi todos sus compromisos por pensiones.