El Consejo de Asuntos Sociales de la UE ha aprobado una directiva que garantiza los derechos adquiridos a una pensión complementaría a la pública por los trabajadores que emigren dentro de la Unión Europea. La directiva establece que el trabajador que es contratado por una empresa de otro país comunitario tendrá el mismo tratamiento que si cambiara de empresa en su propio país, garantiza el pago transfronterizo de la pensión y permite que el trabajador enviado temporalmente a otro país por su empresa siga cotizando a su esquema de pensión privada.