La norma que prepara el Ministerio de Medio Ambiente obliga a contar con garantías financieras a aquellos que puedan causar daños ambientales, entre ellos a los que gestionen residuos, y transporten, almacenen o fabriquen sustancias peligrosas o comercialicen organismos genéticamente modificados (transgénicos). El problema surge cuando otros países de la UE no exigen estos seguros, lo que puede ocasionar grandes diferencias entre los mercados.
